La juventud alza la voz

De la Redacción



La batalla parece estar declarada: el manifiesto es claro; la convicción, fuerte, y las señales de ceder, nulas. Los estudiantes de colegios se han lanzado a las calles a protestar contra decisiones del Ministerio de Educación Pública (MEP) que los afectan, contra la burocracia, contra los oídos sordos de los adultos, contra ese modo de ver a los jóvenes como incompletos, inmaduros y rebeldes sin causa.
Hace poco más de un mes que se inició el curso lectivo, y las manifestaciones en distintos centros educativos han sido plato de todos los días. Cada colegio lucha por su propia causa, todos de forma pacífica: el Castella quiere mantener viva su esencia artística, el Manuel Benavides quiere presupuesto para los programas de educación especial, en otro quieren más profesores, que bajen los precios de la soda o ayuda para pagar los recibos de la luz.
Cada una de estas consignas son igual de importantes y – más allá de fondo del asunto– tienen un denominador común: pretenden rescatar un derecho básico, el derecho a la participación. La Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, normativa que entró a regir en nuestro país en mayo pasado, recalca que a los jóvenes –personas entre los 12 y 35 años– se les debe tomar en cuenta a la hora de definir políticas públicas, programas o proyectos dirigidos hacia ellos.
Esta práctica, sin duda alguna, no se ha acostumbrado en nuestro país, cuyo sistema social se basa en el adultocentrismo, término con el que el sociólogo Piere Bourdieu define la concepción del mundo desde las reglas adultas, en donde se menosprecia y margina a los jóvenes, por el solo hecho de ser jóvenes. Bastaba solo que pasara el tiempo para que se suscitara una serie de acciones como las que ahora vemos a diario, protestas de jóvenes contra decisiones de adultos que los afectan. Las manifestaciones son una forma de los colegiales de decir “basta ya”, de solicitar la palabra y pedir participación, una medida tomada de forma –en muchos casos– desesperada, ante las negativas de las autoridades del colegio o del MEP a escucharlos.
Las protestas colegiales deben visualizarse como un fallo en el sistema del Ministerio de Educación, una consecuencia de su mal actuar y de los escasos espacios de participación que les dan a los muchachos. El MEP debe analizar con sabiduría y criticidad estas manifestaciones y comenzar, de modo urgente y antes que el tema se salga de control, a darle más voz y voto a los colegiales para evitar que estos tengan que alzar la voz y recurrir a la protesta.